Con la retirada de la dictadura terrorista, en 1983 se inició una etapa de normalización institucional; simultáneamente comenzaron las movilizaciones, primero entusiastas y esperanzadas, más tarde, reclamando mejoras laborales o ayudas sociales. Las primeras se registraron durante la presidencia de Alfonsín, en la que los obreros realizaron huelgas y movilizaciones; a fines de esa administración entraron en escena los desocupados, con los novedosos asaltos a supermercados. En las tres décadas siguientes la ocupación del espacio público pasó por ciclos de auge y de reflujo, protagonizados por una pluralidad de actores, que interpelaron a las autoridades con exigencias diversas. Desde entonces convivieron viejos y nuevos movimientos sociales (sindicatos, organizaciones de desocupados/as, defensores/as de los derechos humanos, mujeres, ambientalistas, LGTB, consumidores/as, acólitos/as de distintos cultos… y más), lo que evidencia las múltiples insatisfacciones que la democracia de baja intensidad que vivimos no ha podido resolver.